Mérida, Yucatán.- Una residente del municipio de Tekax interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por omisión del Congreso de Yucatán en emitir la correspondiente Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas.

Se trata de la señora Araceli Durán Monforte, cuya madre y hermana desaparecieron en 2013.

Según dijo, por ese motivo padece la inacción de organismos especializados y de un efectivo apoyo del Poder Judicial del Estado para resolver el caso.

Acompañada de Carmen Garnica, responsable de vinculación de la organización Iniciativa Sinaloa, aliada de “Border Hub” y activista en defensa de los derechos humanos, Durán Monforte presentó solicitud de amparo la mañana de este martes en la que se expone que el acto reclamado es la “omisión legislativa en grado absoluto”.

Dicha ley fue aprobada y promulgada a nivel federal el 17 de noviembre de 2017 y obliga a las entidades federativas, en un plazo límite de 80 días, promover la armonización del marco normativo.

Sin embargo, en Yucatán no se ha emitido algún decreto al respecto.

Esta situación, señalaron las declarantes ha impedido avances en la formación de instituciones especializadas y en la creación de un registro estatal de personas desaparecidas, de tal forma que a la fecha se desconoce cuántas están afectadas por este tipo de situaciones.

De acuerdo con el sustento de la petición de amparo, la actualización de la ley en la materia en Yucatán facilitaría la creación de diversos entes públicos que tienen por objeto la coordinación y actuación respecto a la prevención y reacción en casos de desapariciones de personas.

Durán Monforte refirió que en 2013 desaparecieron del ejido Plan Chac Pozo Dos, del municipio de Tekax, su madre María Susana Monforte Collí, de 55 años de edad, y su hermana Magdalena Durán Monforte, de 32.

La familia denunció la desaparición en la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tekax, sin que a la fecha hayan notificado formalmente del registro y de la creación de una ficha de búsqueda.

Cuatro años después la FGE citó a los hijos de María Susana para notificar que habían encontrado osamentas que podrían pertenecer a las dos mujeres localizadas en un terreno donde depositaban las excretas de cerdos.

La señora Araceli Durán supone que el dueño del predio, de quién evitó mencionar su nombre, es responsable de dichas desapariciones y no ha sido investigado por la FGE.

Se trataría de la única fosa clandestina en Yucatán, de acuerdo con un informe respectivo.

La FGE ofreció en 2017 una prueba de ADN y, en caso positivo, entregar los restos de ambas, pero a la fecha no hay resultados.

Por solicitudes de información pública se pudo conocer que en Yucatán había 522 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas.

(LectorMx)