Mérida, Yucatán.- Un hombre detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán falleció en los separados de esa corporación.
Se trata de una persona a quien se identificó como Crispín Díaz, y según la Fiscalía General del Estado (FGE) éste murió de “infarto agudo al miocardio”.
Es el segundo deceso en menos de una semana en instalaciones policíacas del estado, luego que William Roberto Chan Cob, perdiera la vida en la cárcel municipal de Temax, el pasado domingo.
Crispín Díaz, de aproximadamente 35 años de edad, habría sido aprehendido la tarde del jueves por presuntamente escandalizar en la vía pública.
Al respecto, la FGE informó que esta madrugada recibió aviso de la SSP, por lo que procedió al levantamiento legal de un cadáver ubicado dentro del área de seguridad de esa corporación.
Tras el reporte a las 00:05 horas, elementos de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.
“Después del levantamiento y traslado del cadáver al Semefo se realizó la necropsia de ley al fallecido, que en vida respondió al nombre de Crispín Díaz y cuya causa de muerte fue infarto agudo al miocardio”.
La FGE comunicó haber abierto una carpeta de investigación que permita dar cauce legal al hecho.
En torno al caso de Chan Cob, la asociación civil Indignación difundió supuestos testimonios del ahora occiso.
“Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías sé que no voy a vivir”, habría dicho Chan Cob a sus familiares que lo visitaron en la cárcel municipal de Temax el 22 de mayo de 2016, y horas después falleció.
Detenido el sábado 21 de mayo por la tarde, reveló Indignación, vecinos escucharon gritos y observaron la violencia con la que fue detenido.
“Roberto tenía la cara muy hinchada por los golpes, le dolía el estómago, se quejaba, apenas podía estar parado. Había vomitado sangre con pequeños coágulos”, expuso la agrupación, al referir que entrevistó a familiares y conocidos de William Roberto.
Indignación señaló que es obligación de las autoridades respectivas investigar supuesta tortura de los policías municipales.