Mérida, Yucatán.- Líderes de transportistas de carga ventilaron irregularidades y actos de corrupción de la policía estatal, así como otras anomalías, por lo que anunciaron una manifestación el próximo 29 de octubre en la carretera federal a Campeche.

Representantes de diversas agrupaciones, encabezados por el secretario general de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC (Amotac), Andrés Javier Poot Alonzo, expusieron abusos y cobros excesivos en las multas y arrastres con grúas de parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Gabriel Uribe Ríos, subdelegado de la Amotac en Yucatán, afirmó que sus afiliados son objeto de extorsión de elementos de la corporación ubicados en retenes instalados en las vías a Campeche y a Cancún.

En los retenes, explicó, los agentes solicitan licencias, documentos de la carga y el pago de permiso para operaciones de descarga, e incluso si ven cansado al operador lo amenazan con alcoholímetro, todo ello con el fin de buscar un pretexto para sacarles dinero.

Esto ocurre en los retenes en las carreteras federales, en las que debería operar la Policía Federal y no la policía estatal, dijo el dirigente, quien mencionó que esta situación se da con todo tipo de unidades de carga, tanto en los de 3.5, como en los de 17, 32 y hasta 64 toneladas.

De igual manera, comentó que cuando un operador es sancionado, el vehículo es detenido y arrastrado mediante una grúa hacia un corralón lo que representa pago de multas y estancia por un día que superan los 25 mil pesos, gastos que tiene que sufragar el propietario, lo que es injusto porque la infracción lo cometió el conductor.

La SSP –continuó– dispone de inspectores orientados específicamente a los permisos de carga; sin embargo, otros llevan a cabo sin control oficial esas revisiones, lo que da lugar a actos de extorsión y corrupción.

Esos agentes se colocan en las inmediaciones de la Central de Abastos, del poniente de Mérida, para cometer dichas irregularidades, acusó.

Calculó que cerca de 500 vehículos de carga ingresan al día a la capital yucateca, y cada uno tiene que pagar 506 pesos por concepto de permiso de tránsito por evento y 100 pesos más si llegan al Centro Histórico.

Poot Alonzo refirió que en los cobros de permisos de tránsito, conforme al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se exenta a la refresquera Coca Cola, a otras firmas de bebidas gaseosas y a empresas cerveceras, lo que constituye, reprochó, un trato disparejo, desventajoso y discriminatorio para los demás.

Por lo anterior, demandó que el Congreso del Estado modifique la norma, así como la Ley de Hacienda con el fin de establecer un trato parejo y justo que beneficie al servicio de transporte de carga.

En conferencia de prensa, también demandaron a las autoridades federales sacar de circulación a las unidades de doble remolques, que representan un peligro para la circulación vehicular, y aplicar mejores medidas de seguridad.

En el presente año, citó, 18 camiones de carga de Yucatán fueron asaltados en carreteras de Veracruz y Puebla en hechos en los que fueron asesinados dos conductores.

Luego, solicitaron reducir los cobros excesivos de los servicios auxiliares de las grúas y disminuir el precio de los combustibles y casetas de peaje, entre otras peticiones de carácter federal.

Recriminaron la falta de respuesta de los gobiernos federal y estatal a sus demandas reiteradas, por lo cual la movilización que se extenderá a las principales carreteras de los 32 estados del país.

En el caso de la vía a Campeche se prevé que más de 150 unidades de carga ocuparán uno de los carriles por lapso de tres días, sin entorpecer el tránsito vehicular.

Poot Alonzo recordó que el 1 de noviembre entrará en funciones la Guardia Nacional en Yucatán, por lo que espera que los retenes estén a cargo de esta nueva corporación y se pueda iniciar una relación transparente sin actos de corrupción de la policía estatal.

(Jesús Mejía)