Mérida, Yucatán.- A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Beatriz Zavala Peniche presentó una iniciativa de ley con el propósito de instrumentar la reparación del daño a las víctimas de derechos humanos en el Estado, asunto que–dijo- hasta el día de hoy no es aplicada en Yucatán.
Zavala Peniche argumentó que actualmente en el marco legal actual, “no basta solamente el reconocimiento de la violación, sino resarcir los daños ocasionados, esto independientemente de la reparación del daño establecido en el derecho civil o penal” y que esto debe de ser precedido por acciones que busquen atender la erradicación de los factores que produjeron la violación.
En su intervención aludió a la nombrada “comparecencia” del Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, que más bien se limitó a una mera presentación del informe ante el Congreso local.
Al respecto, la diputada panista dijo que el formato de la comparecencia no esclarece aspectos fundamentales como la existencia de denuncias sobre abuso de autoridad, o el estatus de las denuncias publicadas en medios de comunicación como el caso de la Ejidataria de Conkal, brutalmente agredida física y sexualmente en el mes pasado de diciembre. Además subrayó que el informe omite hablar sobre el feminicidio como realidad concreta que está ocurriendo en Yucatán.
Subrayó que la tendencia de los derechos humanos a nivel mundial busca sobre todo un reconocimiento pleno de los factores que contribuyen al entorno en el que las violaciones a derechos humanos se dan, y es por ello que un elemento importante es la actuación de la autoridad para que esta no se repita.
“Es por ello que nuestra iniciativa busca que la ley no solo proteja a las víctimas del delito, sino proporcione una reparación integral de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos”, señaló.
La iniciativa contempla adecuar el marco local para que este “no sólo proteja a las víctimas de un delito, sino que proporcione una reparación integral de sus derechos. La adición propuesta busca que la autoridad restablezca la dignidad de las personas y que de oficio se persiga la no reiteración de la violación sufrida por la víctima. Además se establece que grupos y comunidades también son titulares del derecho de una reparación colectiva, en caso de que uno de sus miembros haya sido atentado en sus derechos humanos.
(Comunicado)
