La Casa Blanca desveló ayer su plan para reforzar la seguridad en las escuelas, que incluye entrenamiento para armar a algunos profesores y la mejora del sistema de antecedentes penales, pero elude prohibir la compra de determinadas armas hasta los 21 años. La propuesta encarga la formación de una comisión federal para analizar soluciones encabezada por la secretaria de Educación, Betsy DeVos.

Pese a lo expresado por el presidente estadounidense en las últimas semanas, el plan deja atrás su promesa de aumentar la edad necesaria para comprar cierto tipo de armas, como los rifles de asalto, a 21 años de los 18 actuales, y se limita a decir que se estudiará la cuestión.

“Hoy estamos anunciado acciones significativas, pasos que pueden darse ya mismo para proteger a los estudiantes”, dijo DeVos, en una conferencia telefónica para ofrecer detalles. DeVos calificó el plan como “pragmático”.

La secretaria presidirá la comisión federal para estudiar la violencia escolar y proponer otras recomendaciones. El panel, que trabajará con expertos de todo el Gobierno federal, además de líderes estatales y locales, no tiene fecha límite, pero los funcionarios dijeron que esperan un informe dentro de un año.

Hace unos días comentó “bueno, seamos claros. Creo que decir que armar a los profesores es una simplificación excesiva y una caracterización errónea”.

“El concepto es para aquellas escuelas y aquellas comunidades que optan por hacer esto como lo han hecho en Texas, y como lo han hecho en el Condado de Polk y en otros lugares del país es tener personas que sean expertas en poder defenderse, y que tengan muchos y mucho entrenamiento para poder hacerlo”.

La propuesta de Trump encarga al Departamento de Justicia ayudar a los estados y autoridades locales a “ofrecer un riguroso entrenamiento de armas para personal voluntario de las escuelas especialmente cualificado”. Sin embargo, no especifica una cifra determinada de fondos para financiar estos programas.

Asimismo, la Casa Blanca expresó su respaldo a la propuesta legislativa de los senadores John Cornyn, republicano, y el demócrata Chris Murphy, que busca dar a las autoridades locales y federales más incentivos para reportar información relevante al Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Criminales.

(elsiglodetorreon.com.mx)