Mérida, Yucatán.- Se abrió un nuevo frente de batalla en la guerra de papeles entre Movimiento Ciudadano y el Gobierno del Estado: el partido solicitó a las unidades de transparencia de 4 dependencias y 1 institución documentos para intentar probar desvío de 100 millones de pesos.
De acuerdo con la relatoría de 3 candidatas de MC en Yucatán, remitentes desconocidos enviaron a en la cuenta de correo que habilitaron para recibir denuncias, documentos que amparan licitaciones y adjudicaciones directas a una empresa local.
Entre las “observaciones” que hicieron Ana Rosa Payán, candidata a senadora, Silvia López Escoffié, a diputada federal, y Milagros Romero Bastarrachea, a diputada local, están:
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- Asignación de 1,300 contratos directos al negocio, del ramo de tecnologías de la información (TIC)
- 5 licitaciones millonarias (de entre 8 y 37 millones de pesos)
- Nombres de funcionarios públicos en la nómina de la empresa
- Inexperiencia de la firma para los trabajos contratados
El monto que supuestamente desvió la empresa asciende a 100 millones de pesos; este dinero lo obtuvieron de la diferencia entre el monto que el negocio le facturó al Gobierno y lo que esta firma le pagaba a empresas que subcontrataba, explicaron las candidatas.
Esto ocurrió, por ejemplo -explicó Ana Rosa Payán-, en la contratación de la empresa, denominada A Moot Point, para la reparación de un corte de fibra óptica; cobró 177 mil pesos, pero sólo le pagó 118 mil al negocio que subcontrató para hacer el trabajo.
Las candidatas entregaron a los medios de información copias digitalizadas de los documentos que recibieron vía correo electrónico, y que según ellas pueden evidencia la malversación de dinero público.
Sin embargo, tal como lo hicieron con la anterior “denuncia anónima” de supuestas irregularidades en Salud y Desarrollo Social, solicitaron las unidades de transparencia de las dependencias los documentos que amparan las operaciones.
A diferencia del caso anterior, en donde un personaje misterioso sólo le entregó a una de ellas, una lista, esta vez hay documentos que muestran contratos en la empresa y el Gobierno del Estado.
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Para corroborar las operaciones, las aspirantes pidieron facturas a Salud, Desarrollo Social, Administración y Finanzas, Desarrollo Rural y Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).
Las denunciantes dijeron que la empresa fue fundada en noviembre de 2014, según consta en el acta constitutiva 2703, de la Notaría Pública número 97, y señalaron que en un documento interno de la firma aparecen nombres completos de empleados que tiene un “alias”.
Mencionaron, como ejemplo, al “Científico”, el “Metodólogo”, al “Guía”; pero llama la atención que los apodos no buscan ocultar nombres, pues éstos aparecen completos en los documentos.
