Mérida, Yucatán.- A pesar de las observaciones por el bajo rendimiento y mala gestión que tuvo César Andrés Antuña Aguilar como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, diputados del PRI, del PRD y de Morena lo ratificaron por nueve años más.

El pleno resolvió por 10 votos a favor y 13 en contra respecto al dictamen que emitió la Comisión de Justicia y Seguridad que había acordado la “no ratificación” del ahora magistrado.

Con excepción de Mirthea Arjona Martín, ocho integrantes de la bancada del tricolor, cuatro de Morena y el único del PRD promovieron la reinstalación del funcionario y lo convirtieron en vitalicio.

Así, con los seis años de desempeño del período anterior –con acusaciones de atrasar laudos y de impartir justicia de manera parcial– y los nueve siguientes podrá disfrutar con un “haber de retiro”, equivalente a jubilación, con sólo 15 años de labor.

Posteriormente, se dio lectura y se sometió a consideración el voto particular firmado por la mayoría de los priístas y el perredista en beneficio de Antuña Aguilar y se repitió igual resultado: 13 a favor y 10 en contra.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora panista, refirió que en los últimos informes de actividades del Poder Judicial, únicamente se le dedica al Tribunal de los burócratas un apartado con escasa línea y media sobre su escueta labor, no así con otros juzgados detallando ampliamente sus índices y progresos.

Subrayó que Antuña Aguilar ha perjudicado a cientos y miles de ciudadanos que reclamaban justicia pronta, completa y expedita mediante dilaciones y evasivas.

La independiente Silvia López Escoffié consideró que los argumentos para el dictamen de no ratificación son que los datos que aporta el Poder Judicial de Yucatán no representan información suficiente ni clara.

Además, no coincide con la información arrojada por la Plataforma Nacional de Transparencia, que reporta menos productividad del ciudadano Antuña Aguilar.

“Este Congreso tiene la facultad, pero sobre todo la obligación de acudir a los órganos oficiales, autónomos y constitucionales en los que se encuentre la información que con carácter de obligatorio deben proporcionar las autoridades”, precisó.

El 1 de septiembre de 2019 el Congreso local determinó la no ratificación del entonces magistrado presidente y se publicó para efectos el Decreto 104/2019 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de septiembre de ese mismo año.

El 24 de septiembre de 2019, el aludido presentó ante los juzgados de distrito en Yucatán una demanda de amparo y protección de la justicia federal contra los actos de la soberanía y del gobernador del estado.

La demanda fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito Yucatán y registrada como Juicio de Amparo Indirecto 1322/2019.

Al resolver el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó reponer el proceso, únicamente para el efecto de emitir un nuevo dictamen en el cual necesariamente se realice un examen cuidadoso sobre la función, desempeño, productividad y conducta del magistrado evaluado, por todo el tiempo que fue juzgador, con fin de determinar lo conducente.

El 9 de junio del año en curso, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó por mayoría el dictamen que hoy fue rechazado con la promoción de los diputados del PRI, de Morena y PRD.

(LectorMx)