Mérida, Yucatán.- La “Declaración de América sin fábricas de cerdos” fue presentada hoy por comunidades en resistencia, defensoras y defensores de derechos humanos, especialistas en medio ambiente, académicos y académicas.

Elaborado en el marco del primer foro internacional sobre los impactos sociales y ambientales de ese tipo de industria, el documento subraya afectaciones sociales y ambientales de la actividad porcícola.

“Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal”, plantearon.

Las organizaciones firmantes advirtieron que las mega plantas amenazan el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas y campesinas, ya que se establecen de forma desproporcionada en pueblos originarios y comunidades afroamericanas, sin su consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado, en violación de derechos.

Según el pronunciamiento, la organización de las fábricas de cerdos es una economía vertical y desplaza otras formas de producir alimentos, incluyendo la carne.

“El modelo de las mega fábricas de cerdos requiere una gigantesca cantidad de agua potable, soja, maíz y cereales para alimentación animal. Un aspecto alarmante es que el modelo de producción de alimentos cada vez se aleja más de la ganadería y agricultura sostenibles, en los que cada pueblo pueda producir y acceder a alimentos de una manera culturalmente adecuada”, asentaron.

Por ello, exigieron a las autoridades correspondientes no otorgar más permisos para ese tipo de industria y el cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos que se encuentran operando.

En cuanto al Foro internacional, que duró tres días, tuvo como objetivo tejer alianzas, compartir experiencias y conocer testimonios.

Las exposiciones ilustraron cómo la producción industrial porcícola provoca confinamiento de cientos o incluso miles de animales en un espacio reducido y, por lo general, cerrado.

Estos animales producen una enorme cantidad de orina y heces que contaminan las aguas superficiales y subterráneas, ensucian el aire y propagan peligrosos agentes patógenos generando una situación en donde los derechos de las comunidades y el medio ambiente son vulnerables a los impactos tóxicos.

VOCES

“Para cumplir con los objetivos globales del cambio climático, el modelo de producción animal industrial debe transformarse, para lograr un sistema alimentario más sostenible, equitativo y resistente”, dijo D’Ann Williams, experta en salud ambiental de la Universidad John Hopkins.

“Ante la previsible ausencia de licencia social, el Estado incumple sistemáticamente con el derecho de participación pública en la toma de decisiones. Ello es particularmente preocupante pero también es una forma de invisibilizar las voces y resistencias, que no sólo cuestionan estos modelos de mal desarrollo, sino que además pueden introducir y expandir otros saberes y experiencias productivas alternativas más respetuosas y armónicas con los derechos humanos, el ambiente y los derechos de la naturaleza”, ponderó Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas.

“En nuestra comunidad entre morir y emigrar, decidimos luchar. Y no queremos más mega granjas porque son un daño irreparable para la salud humana, el ambiente y para la fauna. Por lo tanto, decidimos tomar en nuestras manos el derecho a defender la vida”, asumió Andrea Cisneros, del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, Chile.

Los firmantes: Acción Ecológica; Agua para todos, agua para la vida; Article 19, Oficina México y Centroamérica, A. C.; Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; Atención Comunitaria U Yutzil Kaaj; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; CartoCrítica, Investigación, mapas y datos para la sociedad civil; Center for Biological Diversity; Che’en Kuxtal; Co’ox Mayab; Colectivo de Derechos Humanos Yopoi; Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán; Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-ja”; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Kanan Derechos Humanos, A. C.; Kanan Lu’um Chapab; Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes); La Esperanza de Sitilpech; Mundo y Conciencia, A. C.; Museo del Hambre; Observatorio para la Defensa del Territorio Maya; Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán; Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA); Red de Apoyo Comunitario (Redacom), Yaxkukul; Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Slow Food Chile, la Universidad Andina Simón Bolívar y Waterkeeper Alliance.

(Con información de Indignación)