Mérida, Yucatán.- En demanda de un incremento salarial “digno y remunerador” superior al tres por ciento y oportunidades de ascenso en cargos de mayor responsabilidad, trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán (PJEY) realizaron manifestación frente a los juzgados mercantiles y familiares.

Luisa Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista del PJEY, encabezó la concentración pacífica al término de la jornada laboral en busca de diálogo directo con las autoridades para tratar sus peticiones dado que carecen de contrato colectivo de trabajo.

La dirigente de la agrupación mayoritaria en el PJEY –existen otras dos que en conjunto agrupan a más de mil 200 empleados de base–, dijo que pese al tres por ciento solicitado desde el año pasado para el ejercicio 2023, a la fecha siguen sin percibir incremento alguno.

En contraste, planteó que los trabajadores del Poder Ejecutivo, así como los del Legislativo ya recibieron un aumento del cinco por ciento.

Reveló que la magistrada presidente de PJEY, María Carolina Silvestre Canto Valdés, ha sugerido la posibilidad de otorgar sólo un 1.5 o dos por ciento de alza debido a las limitaciones presupuestales.

Al respecto, consideró que ese porcentaje resultaría insuficiente para el sustento de sus familias, muy por debajo de los precios de los productos de la canasta básica, toda vez que la inflación alcanzó el 10 por ciento a principios de este año.

Martin Puc también declaró que sus agremiados solicitan ser tomados en cuenta en una carrera profesional en la estructura, que les permita calificar para puestos de jerarquía y remuneración más elevada, pero no hay convocatoria alguna.

Acusó que el ingreso de nuevos magistrados ha implicado la llegada de gente sin capacidad ni experiencia en los puestos e, incluso, dijo, ha habido casos de nepotismo, lo que es injusto para los trabajadores del Poder Judicial.

De igual manera, reiteró la queja de su representados por las sobrecargas de trabajo y la falta personal suficiente para sacar adelante los expedientes sin pago de horas extras.

Otras de sus inconformidades fue que la nueva Ley del ISSTEY, que el Congreso local aprobó en 2022, implica que los trabajadores del Poder Judicial deben aportar un uno por ciento más de sus ingresos para tener derecho a prestaciones y pensiones.

Esto, explicó, reduce o afecta aún más el poder de compra de los empleados de todas las ramas que aglutina el Poder Judicial tanto penal como familiar y mercantil.

La dirigente expresó disposición a negociar con las autoridades y de no haber apertura podrían optar por el paro de labores.

(LectorMx)