Por Adela Mac Swiney González

Madrid, España.- En un contexto en el que los gobiernos de América Latina y el Caribe deben dar prioridad a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el coronavirus Covid-19, distintos países, entre ellos México, incumplen el acceso adecuado a las vacunas y el derecho universal a la salud, advirtió hoy Amnistía Internacional.

La organización global, presente en más de 150 países, presentó el informe “Las vacunas en las Américas: diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”, que examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y contienen diez recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.

“El comienzo de la vacunación contra el Covid-19 ha generado esperanza en una región que ya atravesaba múltiples crisis de derechos humanos, muchas de ellas agravadas por la pandemia. Un año después del inicio de los confinamientos en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Ante las elecciones presidenciales y legislativas previstas en varios países de la región en 2021, el informe advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud.

Asimismo, insta a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo —como el personal sanitario y las personas de edad avanzada— ni los grupos discriminados y marginalizados —como la población de pueblos Indígenas, afrodescendiente, migrante y refugiada o las personas privadas de su libertad— se quedan atrás en la recepción de vacunas.

“Dado que este año celebran elecciones 10 países en una región donde es habitual la corrupción del sector sanitario, existe el peligro real de que los gobiernos utilicen las campañas de vacunación con fines políticos”, aseguró Guevara Rosas.

Añadió que quienes ejercen la política no deben utilizar las vacunas para premiar a sus afines, ni para presionar a sectores de la sociedad que critican sus decisiones ya que la salud es un derecho humano que en ninguna circunstancia debe ser socavado por la política.

Amnistía Internacional pidió a los Estados que garanticen el acceso a la información y la transparencia, ya que son fundamentales para un programa de vacunación adecuado.

“Las empresas farmacéuticas, aunque están suministrando vacunas esenciales, también han socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas”, anotó.

Al redactarse el informe, 13 países de la región habían hecho públicos sus programas nacionales de vacunación. Muy pocos habían consultado con personas expertas, comunidades y sociedad civil durante la fase de diseño, y algunos no habían tenido en cuenta a las poblaciones de riesgo.

Amnistía Internacional ha recibido informes de México, Perú y Brasil según los cuales se está vacunando a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a trabajadores y trabajadoras en primera línea que tratan directamente con pacientes de coronavirus.

También señaló que aunque varios países han incluido a los pueblos Indígenas entre los grupos prioritarios de su programa de vacunación, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana no mencionan protocolos específicos para los pueblos Indígenas en sus programas. “Los pueblos Indígenas, que en varios de estos países representan un alto porcentaje de la población, han sido sistemáticamente marginados y excluidos de las políticas públicas durante siglos”, agregó.

Asimismo, los gobiernos de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o lo han bloqueado directamente.

Esto a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dejó claro que incluir a estos grupos en los programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia.

Guevara Rosas puntualizó que los Estados deben cumplir su deber de garantizar que las vacunas sigan siendo gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud.

“Los gobiernos deben prohibir por ley su compra directa por particulares y considerar la posibilidad de sancionar a individuos y organizaciones privadas que eludan el programa de vacunación nacional u obstruyan indebidamente las medidas del Estado para garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Las poblaciones en situación de mayor riesgo necesitan la vacuna primero”, concluyó.

(LectorMx)