Mérida, Yucatán.- Sin sorpresas, el Congreso de Yucatán aprobó este miércoles el financiamiento para la ampliación del puerto de altura de Progreso, la permanencia hasta por 12 años del actual fiscal estatal y la designación de titular para la Agencia de Investigación Patrimonial del Estado de Yucatán (AIPEY).

La bancada panista, como se esperaba, respaldó todos los asuntos sin cuestionamientos, mientras que los dos diputados del PRI y un integrante de Morena rechazaron elevar el monto de la deuda.

Juan Manuel León León estará otros 12 años al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), en tanto que la ex secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, encabezará durante 15 años la AIPEY.

“Nos preocupa también la criminalización de la protesta y las acciones de la Fiscalía para encubrir sus excesos y errores. Esa autocritica también estuvo ausente durante las comparecencias.

“Son estas razones que brevemente he expuesto, las que motivan un voto en blanco por parte del Grupo Parlamentario de Morena, sobre todo, reitero, porque 12 años es demasiado sin controles ni evaluación”, dijo la coordinadora de esa fracción, Alejandra Novelo Segura, al objetar a León León.

La legisladora reprobó, casi en los mismos términos la postulación de Rosas Moya, dado que “no se da la garantía de autonomía que se requiere para el puesto”.

La votación se resolvió mediante cédulas.

En la definición del préstamo de tres mil 63 millones de pesos solicitados por el Ejecutivo local, el panista Jesús Pérez Ballote, ofreció cifras y datos duros.

“En cuanto al nivel de deuda, este se encuentra en estándares sanos, por debajo de la media nacional porcentual”, alegó.

“Aquí cabe subrayar que la ampliación del Puerto de Altura de Progreso pretende ser, a corto plazo, un proyecto productivo que se financie por cuenta propia, con la visión de alcanzar, a mediano plazo, operaciones que generen rendimiento e ingresos propios”, planteó.

El tema salió adelante con 22 votos a favor y 3 en contra: los priístas Gaspar Quintal Parra y Karla Franco Blanco, así como el morenista Rafael Echazarreta Torres, por la negativa.

El líder tricolor refirió que el saldo de la deuda pública a largo plazo, con corte al 31 de diciembre de 2022 según cifras del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, integrada por siete contratos celebrados con distintas instituciones financieras, en acumulado asciende a ocho mil seiscientos nueve millones, cuatrocientos setenta y cinco mil trece pesos.

“Deuda a la que se le sumarían tres mil sesenta y tres millones de pesos del presente empréstito a discusión que, en caso de aprobarse, daría un nuevo total de once mil, seiscientos setenta y dos millones, cuatrocientos setenta y cinco mil, doce pesos”, apuntó.

A su vez, Echazarreta Torres presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de eliminación de la contratación de la deuda pública estatal.

La “deuda cero” –citó– ya existe en Tlaxcala y Querétaro.

Previamente, el pleno del Legislativo aprobó la donación de un terreno de 11 hectáreas a favor de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, el cual se destinará a la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional Agustín O’Horán, al sur de Mérida.

(LectorMx)