Mérida, Yucatán.- A más de tres años de construcción del Tren Maya, activistas y miembros de organizaciones sociales mantienen su oposición al proyecto al ponderar que es ajeno a las necesidades de las comunidades de la región y que sólo responde a intereses de inversionistas del sector turismo.

Dirigentes y voceros de agrupaciones con presencia en Quintana Roo y Campeche, dos de los cinco estados donde se instalan más de mil 500 kilómetros de vías férreas, volvieron a plantear que las obras destruyen el medio ambiente y afecta las formas de vida de los pueblos mayas.

En el encuentro virtual “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, Sara López González, del Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), refutó que se les tilde de “gente de derecha” como lo hace el Gobierno Federal.

En contraposición a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ambientalistas opositores al Tren Maya son financiados desde Estados Unidos, la activista planteó que son sólo difamaciones.

Lamentó la ausencia de impartición de justicia al revocar el Tribunal Colegiado de Yucatán la suspensión definitiva en juicio de amparo contra el Tramo 2 del Tren Maya (de Escárcega-Calkiní), porque, dijo, no fue posible comprobar los daños causados al medio ambiente.

“Los amparos se han ido rechazando. Nos llena de coraje impotencia y rabia porque no hay justicia en el país. No creemos en este mal gobierno; sin embargo, tratamos de hacer valer nuestros derechos”, manifestó López González, al afirmar que no hubo consulta informada y menos consenso de los pobladores.

María Elena Hernández, representante de la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, indicó que en las acciones legales que han emprendido no los mueve ningún tema político electoral.

“No pertenecemos a la derecha ni a la ultraderecha y no nos paga nadie”, subrayó en torno de imputaciones de López Obrador.

Sostuvo que hubo imposición por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para adquirir en junio de 2020 las tierras por donde pasará el Tren Maya en Campeche, ya que los ejidatarios fueron engañados e intimidados, además de que ahora están divididos.

Perteneciente al ejido Don Samuel, del municipio de Escárcega, Campeche, María Elena reveló que cunde entre habitantes, particularmente de la selva de Calakmul, inquietud por el posible daño a esa reserva natural.

Wilma Esquivel Pat, del Congreso Indígena de Gobierno Península de Yucatán, refrendó que el megaproyecto implica la destrucción de zonas de selva y un riesgo latente de fractura del suelo kárstico en perjuicio de cenotes y cuevas submarinas en el sur de Quintana Roo.

Remarcó que el transporte en construcción sólo responde a intereses de empresarios del sector turismo y no atiende las necesidades de mínimas o de calidad de vida de los núcleos mayas.

Ángel Sulub, del Centro Comunitario U Kúuchil Ch´i´balo´on y del Congreso Nacional Indígena, definió que esta lucha en defensa del territorio maya en la península de Yucatán es por la vida y contra un modelo de desarrollo capitalista que, aseguró, “nos está llevando al colapso, a la destrucción”.

Tanto el Tren Maya como el programa federal Sembrando Vida están propiciando la deforestación de la selva, son megaproyectos que están dañando a la madre tierra, expuso el ambientalista residente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Al mismo tiempo, recriminó que se afecte la cultura, el modo de vida y el arraigo de los pueblos mayas, ya que la mano de obra no es para proyectos comunitarios que son inexistentes, sino que se orientan al servicio de grandes complejos hoteleros de Cancún y la Riviera Maya.

En general, los ponentes coincidieron en que las consultas promovidas por las autoridades a finales de 2018 no respondieron a los requerimientos de información y respuestas consensuadas de las comunidades.

Aunada a la imposición, calificaron que el proyecto ha implicado la militarización de la península por la presencia del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional para la vigilancia de los trabajos.

(LectorMx)